Dinamarca adoptará este martes una polémica reforma con la que tratará de disuadir a los demandantes de asilo de probar suerte en el país y que prevé medidas como la confiscación de haberes.
El proyecto de ley contempla también recortar los derechos sociales de los migrantes y prolongar los plazos para la reagrupación familiar y la concesión del permiso de residencia permanente.
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) dijo que el texto alimenta “el miedo y la xenofobia” y la confiscación de bienes llamó mucho la atención en el extranjero, tanto que el diario Washington Post no tardó en hacer un paralelismo con la expoliación que sufrieron los judíos durante la Segunda Guerra Mundial.
Pero las organizaciones internacionales están igualmente alarmadas por el endurecimiento de la política de reagrupación familiar. El proyecto de ley eleva de uno a tres años el plazo previo para solicitarla.
El primer ministro, el liberal Lars Løkke Rasmussen, apoyado por el Partido Popular Danés, hostil a la inmigración, asume plenamente la paternidad de lo que califica como “el proyecto de ley más incomprendido de la historia de Dinamarca”.
Criticado por las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y varias ONG, el dirigente no se deja impresionar, amparándose en una opinión pública danesa que en un 70% considera la inmigración como su preocupación número uno, de acuerdo con los sondeos.
“Hay muchos refugiados que afluyen a nuestras fronteras; nos encontramos bajo una presión tremenda”, dijo el lunes la ministra de Inmigración, Integración y Vivienda, Inger Støjberg, en Bruselas.