Las muertes dolosas en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto (menos de cuatro años) son incalculables. Existe un intento endeble -y refutable- por parte del Gobierno Federal por contabilizar el número que se convierte en una de las principales causas de muertes en el país. Por sí solas, las cifras oficiales de la Secretaría de Gobernación son escandalosas: 63 mil 816 expedientes judiciales relacionados con muertes violentas en lo que va del gobierno priista.
Desde luego, no fue tema de relevancia en el Cuarto Informe presidencial. Pese a lo posible en establecer una cantidad de víctimas por el delito de homicidio doloso, México está lejos de conocer a precisión las vidas que se pierden a raíz de la violencia y la inseguridad. El gobierno maquilla lo evidente, la violencia y la ausencia de un plan para combatir la delincuencia, prevenir la seguridad o procurar la justicia. Sumando los tres años concluidos (2013, 2014 y 2015) que Peña Nieto lleva en el poder público, en promedio, cada año se contabilizan 21 mil 199 homicidios dolosos, Sin embargo, el país de muerte no fue plasmado en el Cuarto Informe de Gobierno de Peña. Ocultar y disimular el ambiente de guerra y la pérdida de Estado de Derecho no evita la realidad que sacude con sangre al país. Los muertos son más que números
La investigación realizada durante semanas por ZETA arroja la cifra: 78 mil 109 homicidios dolosos en el gobierno priista. Dichos números, son resultado del número de víctimas registradas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), informes homologados de las entidades, consultas en procuradurías o fiscalías estatales y algunas referencias del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, la cifra podría ser mayor. La incertidumbre de la cantidad exacta nace principalmente por el número de personas desaparecidas, homicidios que son dolosamente clasificados como suicidios en varios Estados, y la falta de autoridad en algunas zonas dominadas por grupos armados, donde se cometen ejecuciones sin que las fuerzas policiacas o de justicia acudan.
Los más de 78 mil homicidios dolosos documentados son quizá solo una parte de la cara de muerte y crimen que el gobierno pretende no reconocer. En esta nota, la tabla de las personas ejecutadas con arma de fuego o con arma blanca durante el mandato peñista. Como se aprecia, los Estados más violentos con base al mayor número de ejecutados son: Estado de México, Guerrero, Chihuahua, Jalisco, Sinaloa, Ciudad de México, Michoacán, Veracruz y Tamaulipas.