Se necesitan tres ingredientes básicos para que estalle el terror: una mafia local con poder; una policía rebasada o corrupta y disputas locales por el control. El sistema colapsa. La violencia que está sufriendo México no es, según los expertos, la misma que hace 20 años, cuando los grandes capos de la droga se repartían zonas. El Estado de Guanajuato es el ejemplo del nuevo descontrol. El cartel Santa Rosa de Lima se ha hecho fuerte en una de las entidades más prósperas a base de robar combustible de Pemex, según las declaraciones del Gobierno, pero también de la extorsión. La región ha pasado de ser conocida como tierra de riquezas a la zona más sangrienta del país. Y José Antonio Yépez, El Marro, el líder de este grupo criminal, se ha convertido en otro enemigo público de México.
El fin de semana, un operativo del Gobierno contra El Marro provocó graves destrozos al sur de la entidad. El Bajío, la región más industrializada y de las más ricas del centro del país, es donde el cartel tiene influencia. Colaboradores de la banda de Santa Rosa cortaron carreteras e incendiaron vehículos, desde coches hasta tráileres, ante la presencia del Ejército y las autoridades estatales. Los criminales quemaron supermercados y negocios en la ciudad de Celaya, la más importante del sur del Estado. El saldo: 31 detenidos, entre ellos la madre de El Marro, una hermana, una prima y dos colaboradores —tenían previsto detener solo a cinco personas— a los que agarraron con dos millones de pesos en efectivo y metanfetaminas. De todos los arrestos, la Fiscalía alegaba que 26 estaban relacionados con los disturbios e iban a ser acusados de terrorismo. Los 26 han sido liberados este martes, había siete menores de edad. La explicación del Gobierno: un golpe a la estructura financiera del cartel. El capo: en paradero desconocido.
El Gobierno de López Obrador emprendió hace más de un año una batalla para desmantelar al que ha designado como el líder del huachicol (robo de combustible) en México. Desde la Administración mexicana defienden que al cortar el grifo del robo de combustible, la región del Bajío estalló. Entretanto, todos los intentos por atrapar al capo han fracasado pese a que la capacidad operativa de este grupo criminal no parece tan amenazante como la de otros como el cartel de Sinaloa o Jalisco Nueva Generación.
“Las últimas detenciones no respondieron a un plan bien diseñado. En el momento en el que detienen a la mamá y a los demás, debieron haber sitiado el Estado, puesto retenes en todas las carreteras. Pero además de las detenciones, que no veo que estén mal, ¿qué están haciendo para enfrentar al negocio?, ¿cómo van a impedir más violencia? El Marro ya ha amenazado al Gobierno con aliarse con otros más fuertes”, cuenta Guillermo Valdés, exfuncionario del CISEN (antiguo Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional). “Me puedo equivocar, pero debieran de tener, con la experiencia acumulada de 14 años de lucha contra el crimen organizado, un aprendizaje de cómo ser más eficaz en estas cuestiones. Los operativos consisten en mucha presencia disuasiva y poca actividad estratégica para desmantelar los negocios y a la organización. No veo que el Ejército se haya modernizado en sus estrategias”, añade Valdés.
La presión del Gobierno federal y estatal contra este grupo criminal se suma a una disputa del territorio contra colaboradores del cartel Jalisco Nueva Generación, considerado por la DEA como el más poderoso del país. Una organización criminal que ha basado su éxito en expandirse por todo el territorio con una dinámica que revolucionaba el anterior esquema de grandes capos: aliarse con pequeñas bandas locales, empoderarlas y dejarlas usar su marca. “En Guanajuato hay un pleito de carteles, nada diferente a otras partes. Pero lo que observamos no cuadra: la infraestructura policial y de seguridad, al menos estatal, está muy por encima de la media nacional, tienen la capacidad de enfrentar a este grupo. Además no es muy numeroso, será poderoso, latoso, pero no tiene más poder que las fuerzas de seguridad de Guanajuato. Tienen más patrullas, más armas, más equipo, ¿por qué no acaban con ellos?”, se pregunta Bernardo León, quien hasta hace unos meses fue asesor de seguridad en León, otra de las grandes ciudades de Guanajuato.
Guanajuato supone el ejemplo más extremo del tipo de violencia que vive México. “Una violencia que se alimenta de sí misma”, apunta el analista en temas de seguridad, Alejandro Hope. “El Chapo y aquella lógica criminal es el pasado, lo que sucede en Guanajuato es el futuro de la dinámica violenta en México. Hace 20 años, crimen organizado y narco eran palabras intercambiables. Gente que contrabandeaba drogas hacia Estados Unidos y su conexión con las comunidades locales era tenue. Eso ha cambiado. El negocio ya no solo es el narcotráfico. Por eso la ubicación importa menos, ya no necesitas controlar la frontera o los cultivos. Si de lo que se trata es del expolio de las economías locales —la extorsión, el robo de combustible, el narcomenudeo— cualquier sitio es bueno”, añade Hope.
La violencia en el Estado ha alcanzado sus niveles máximos este año. En plena pandemia y con medidas de confinamiento, en Guanajuato se ha asesinado más que antes. Las cifras oficiales registran hasta mayo 2.089 asesinatos, es decir, casi 14 al día. La ciudad de Irapuato ha sido considerada una de las más violentas del mundo.
Los expertos coinciden en que pretender analizar la violencia que sufre el país y en concreto Guanajuato con movimientos estratégicos de grandes carteles es simplificar demasiado el asunto. “Hemos pasado a muchas más bandas, dedicadas a más cosas, donde la violencia se ha vuelto híper local. Hay cadenas de venganzas: me mataste a mi primo, te mato a tu hermano; esa violencia ya no tiene que ver con el origen de la disputa, se trata más de mantener el capital reputacional de los malandros [criminales]. La violencia involucra ya no solo a los sicarios, sino a pandillas con sus propias peleas”, explica Hope.
El contexto próspero de Guanajuato puede compararse con el que tuvo Ciudad Juárez (Chihuahua) hace varios años. Un crecimiento exponencial que no genera capital social. La inversión industrial se ha traducido en sueldos miserables, en la creación de zonas marginales a las afueras de las ciudades y con altísimos índices de desigualdad. Un estudio de la Universidad de Guanajuato estimaba en 2015 que en la entidad, de casi seis millones de habitantes, un 42,4% eran pobres y 257.600 personas vivían con menos de dos dólares al día. Una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) apuntaba que Guanajuato es, después de Nuevo León, la entidad más desigual del país. Un rico gana casi 30 veces más que un pobre. “La mayoría de los criminales que se detenían en León, incluso más del 90% de las víctimas de homicidio, era pobre”, cuenta Bernardo León sobre su desempeño el año pasado en el Estado.
El Gobierno de López Obrador ha insistido en que la política social es su arma para combatir al narcotráfico y al crimen organizado. Y puede que ese sea un brazo, coinciden los analistas. Pero mientras llegan las ayudas, las bandas fragmentadas están matando más que nunca. El Gobierno estatal, encabezado por Diego Sinhue Rodríguez (del PAN, de oposición al federal) alega que necesitan refuerzos. “Yo no me creo que no puedan combatir ellos solos la criminalidad en el Estado. Porque estuve ahí y vi la capacidad que tienen. Algo debe estar sucediendo, no sé si es negligencia, corrupción u omisión de las autoridades. Y del otro lado, ningún cartel es más poderoso que el Estado mexicano”, apunta León.
