La masacre de Allende

Desde la publicación original de este artículo en febrero de 2014, el gobernador de Coahuila, Ruben Moreira, solicitó una reunión con el periodista y colaborador nuestro Diego Enrique Osorno. Durante esta reunión, Moreira le prometió a Osorno que su administración brindaría ayuda a los afectados y buscaría justicia para las víctimas. Meses después, nada de eso ha sucedido. A nivel federal, Eliana García Laguna, encargada de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República (PGR), prometió una investigación especial del caso. Todavía no se dan a conocer los resultados de la investigación. Por el momento, en Allende, se están demoliendo las ruinas restantes del ataque de marzo, 2011.
Durante diez días, entre el domingo 26 de enero y el miércoles 5 de febrero de 2014, casi un centenar de funcionarios públicos de Coahuila dejaron sus escritorios y realizaron un inusual trabajo de campo para investigar qué pasó con decenas de personas desaparecidas en esta región del noreste de México.
El ambicioso operativo oficial incluyó inspecciones forenses a medio centenar de casas, negocios, cárceles, ranchos y predios abandonados así como interrogatorios a ex alcaldes, ex regidores y ex secretarios de once pueblos y ciudades cercanos a la frontera con Estados Unidos.
Sin embargo, la cruzada gubernamental terminó en medio de confusión y reclamos de un sector de la prensa interesada en el tema, y dudas sobre su eficacia por parte de las organizaciones locales que representan a familiares de desaparecidos.
Aunque participaron policías estatales, federales, soldados y marinos, la operación estuvo a cargo de una dependencia del gobierno de Coahuila creada en 2012, cuyo largo nombre resume la tragedia que ha padecido este estado que encabeza la lista de denuncias de desapariciones forzadas en el país: la Subprocuraduría para la Investigación y Búsqueda de Personas No Localizadas, Atención a Víctimas, Ofendidos y Testigos de Coahuila. En esta historia la llamaremos la Subprocuraduría, a secas.
Uno de los lugares en los que se centró el operativo fue Allende, municipio ubicado en la región de Los Cinco Manantiales, conocida así por los enormes nacimientos de agua en medio de su llanura. En marzo de 2011, este pueblo de 20 mil habitantes padeció una masacre que apenas ahora es investigada por las autoridades. Comandos de Los Zetas saquearon y destruyeron medio centenar de edificaciones, al tiempo que secuestraron, según se calcula, a 300 personas durante aquella primavera.
Todo esto sucedió en silencio y bajo encubrimiento oficial.