Un comando de presuntos sicarios de la organización criminal La Familia atacó ayer con fusiles semiautomáticos y granadas de fragmentación instalaciones de la PolicÃa Federal en Uruapan. La agresión se suma a otras nueve registradas en los últimos siete dÃas en ciudades michoacanas contra instalaciones civiles y policiales.
En el último semestre Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Guanajuato, Aguascalientes, Nuevo León, Guerrero, Durango, estado de México y Michoacán han sido blanco de la embestida del crimen organizado.
En la entidad gobernada por el perredista Leonel Godoy, el recrudecimiento de las agresiones dejó en estos dÃas seis agentes muertos, tres más desaparecidos y al menos 20 heridos.
En Uruapan un nuevo atentado a instalaciones policiales provocó ayer el deceso de tres policÃas federales; casi al mismo tiempo se reportó un enfrentamiento en la salida a San Juan Nuevo Parángaricutiro entre policÃas y sicarios.
En Sonora y Sinaloa, zona de influencia del cártel de JoaquÃn El Chapo Guzmán, la fuerza del narco se dejó sentir el martes pasado, cuando comandos de presuntos sicarios atentaron contra instalaciones policiales y civiles, se enfrentaron a federales y realizaron secuestros y levantones.
En Durango, ese mismo dÃa, elementos de la PolicÃa Federal rescataron a siete plagiados por una célula de supuestos narcos.
En la refriega un comando atacó el helicóptero en el que viajaba el director de la Agencia Estatal de Investigación, Juan Rosales, quien resultó herido junto a su escolta.
Se trata de agresiones planeadas, simultáneas, rápidas y en grupo, a bordo de vehÃculos â??casi siempre desde camionetasâ??. Son perpetradas con armas automáticas y de alto poder, y granadas; los ejecutores cuentan con â??ayuda extra y vÃas de escapeâ?.
Desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico declarada hace tres años por el gobierno federal, en la que han muerto más de 15 mil 500 personas, se han cometido asesinatos y agresiones contra militares, agentes federales y policÃas estatales.
De acuerdo con informes oficiales e investigaciones de la SecretarÃa de Seguridad Pública federal (SSP) y de la ProcuradurÃa General de la República (PGR), las organizaciones criminales adoptaron desde hace seis meses una estrategia de contraataque de mayor envergadura.
La SSP y la representación regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito calificaron las acciones de â??alto impactoâ? de los cárteles de la droga como â??actos terroristasâ?, ya que â??no tienen otra opción para tratar de obligar a la población civil y en particular a las autoridades a lograr acuerdosâ?.
En esa categorÃa se encuentran los atentados con granadas y armas a cuarteles, las ejecuciones en la vÃa pública, la exposición de cadáveres con mensajes, la difusión de amenazas y mensajes en mantas, calcinación de cadáveres, decapitaciones y fusilamientos.
La Familia Michoacana, Los Zetas, los cárteles de Sinaloa y Juárez, la organización de los hermanos Beltrán Leyva y el clan de los Arellano Félix han efectuado en diversos momentos incursiones armadas contra instalaciones de seguridad, según la PGR.
Pero a partir de la captura en Michoacán de Arnoldo Medina Rueda, La Minsa, se produjo un incremento en las arremetidas o asaltos a inmuebles de las fuerzas de seguridad en el paÃs
