Los hechos ocurridos el viernes en Culiacán son la cresta de la ola de violencia que impacta a Sinaloa. Durante un homenaje a los cinco militares caídos el viernes, un enérgico Secretario de la Defensa condenó los hechos y llamó “bestias” a los atacantes. No obstante, en la práctica el general Salvador Cienfuegos Zepeda no ha hecho más que repetir una estrategia que no ha dado resultados.
Un fin de semana antes del altercado entre criminales y uniformados, Sinaloa sufrió 21 homicidios en tan sólo 48 horas.
El gobernador Mario López Valdez llegó al cargo gracias a la coalición “El cambio es ahora por Sinaloa”, que incluyó al Partido Acción Nacional (PAN), al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y a Convergencia. Actualmente está a punto de despedirse de su mandato con un repunte en los delitos de alto impacto.
En los primeros ocho meses del año hubo 720 homicidios dolosos, ocho por ciento más que en el mismo periodo del año pasado. Y políticos afines y de oposición no tienen empacho en señalar que se trata de los efectos colaterales del narcotráfico.
“Hay un enfrentamiento entre diversos cárteles. Nuevos líderes de cárteles como el de Jalisco [Nueva Generación] señalan como evidencia que sí hay una serie de confrontaciones”, refirió recientemente a este medio el Senador de Sinaloa por el PAN, Francisco López Brito.
Tras el abatimiento de sus soldados, Cienfuegos anunció que redoblaría esfuerzos para continuar la lucha contra el narcotráfico, pero el discurso parece haberse repetido hasta el cansancio desde tiempos del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.
De forma invariable, el presidente Enrique Peña Nieto ha continuado el ataque frontal al narcotráfico. Durante la inauguración de un Regimiento militar en Piedras Negras, Coahuila, refrió que su administración ha neutralizado a 100 de los 122 capos que se propuso derrotar desde principios de su mandato.
Sin embargo, estas acciones derivan en más violencia por la generación de células criminales más pequeñas pero con alta peligrosidad.
“Lo que ha pasado es la fragmentación, y empieza a generar violencia y problemáticas locales, porque estos grupos tienen que buscar mayores fuentes de financiamiento para mantener su capacidad delictiva”, dijo Édgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).
Datos de la Procuraduría General de la República del año pasado mostraron que en México operaban nueve cárteles y 45 células criminales.
En poco tiempo algunas de los brazos armados de los grandes cárteles se convirtieron en estructuras de gran envergadura como es el caso del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJGN), que surgió en el 2010. Un reciente informe de la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) señaló que en el 2015 el CJNG operaba en nueve entidades.
Por su parte, el investigador de la Universidad Iberoamericana Erubiel Tirado Cervantes señaló que los cárteles del narcotráfico reponen a sus líderes con facilidad cuando los apoyos con los que cuentan estas bandas no son combatidos.
“Como hemos visto, no desarticulan a las redes del crimen. Tanto en el Gobierno, como en la iniciativa privada”, dijo, e hizo énfasis en la necesidad de perseguir a los aparatos financieros en los que se sostienen las operaciones criminales.