Pueblos campesinos que habitan los municipios del altiplano potosino levantan la voz para externar su rechazo a la instalación del confinamiento de Residuos Tóxicos de Palula, dentro del predio denominado Ojo de Venado del ejido La Victoria en el municipio de Santo Domingo, San Luis Potosí, y por las mineras que pretenden imponer en la zona.
De acuerdo con el Comité en Defensa de la Vida de Santo Domingo, el Comité en Defensa del Agua del Desierto de Catorce y la Pastoral Social de la Diócesis de Matehuala, dichos proyectos amenazan gravemente el agua, sus tierras, así como la vida y la salud de los habitantes de la periferia, ya que al alojar desechos industriales, podrían filtrar a los pozos sustancias como arsénico y cianuro.
Por ello, los inconformes advirtieron que “llegarán hasta las últimas consecuencias” para defender sus derechos a la salud, a la tierra, al medio ambiente sano y a la vida.
Los activistas y pobladores prevén recurrir a las acciones legales y de resistencia civil necesarias y advirtieron que no permitirán la instalación del basurero ni los proyectos mineros.
El año pasado, los pobladores de San Luis Potosí y Zacatecas, pertenecientes a los municipios de Santo Domingo, Real de Catorce, Mazapil y Villa de Cos, así como 13 comisarios ejidales, aseguraron durante el Foro de Análisis y Evaluación del Tiradero de Desechos Industriales Tóxicos, que de construirse el proyecto aprobado por el Gobierno federal, “afectaría directamente el área natural protegida de Wirikuta”.
Edgar A. Coronado Luna, del Comité en Defensa de la Vida de Santo Domingo, acusó que el empresario José Cerrillo Chowell pretende imponer un basurero tóxico en un predio de 13 mil 800 hectáreas (con 40 pozos de agua, siembra y animales), donde han existido una serie de irregularidades, entre ellas, –denunció– la falsificación de firmas en el cambio de uso de suelo, así como la falta de una consulta pública.