Los concejos municipales de Tucson y Flagstaff votaron a favor de demandar al estado de Arizona por la nueva ley de inmigración, debido a los costos policiales que les impondrá y las consecuencias negativas para el sector turístico.
Son los primeros municipios que aprueban cuestionar la ley por la vía legal. Días atrás, el alcalde de Phoenix, Phil Gordon, propuso una demanda, pero el procurador de la ciudad dijo que carecía de autoridad para hacerlo sin el respaldo del concejo.
La nueva ley requiere que la policía interrogue a las personas acerca de su estatus inmigratorio si tiene razones para sospechar que se encuentran en el país ilegalmente.
El concejo municipal de Flagstaff votó unánimemente una resolución según la cual la ley es un mandato sin fondos para asumir las responsabilidades del gobierno federal. Cientos de personas asistieron a su reunión el martes por la noche.
El concejo consultará con abogados y podría iniciar su propia demanda o unirse a Tucson y otros municipios para combatir la ley.
Horas antes, el concejo de Tucson aprobó una resolución de demandar al estado, con un solo voto en contra.
El alcalde Bob Walkup dijo que la ley se basa en la idea errónea de que los inmigrantes indocumentados perjudican la calidad de vida y la economía de la región. Dijo que buena parte de la economía de Tucson depende de los turistas mexicanos que vienen de vacaciones o de compras, según el periódico Arizona Daily Star.
Estas demandas se suman a las ya entabladas por la Coalición Nacional de Sacerdotes Latinos y Líderes Cristianos, un investigador de Washington y dos agentes de policía, uno de Phoenix y el otro de Tucson. Los agentes iniciaron la demanda como particulares, no en representación de sus empleadores
