Unas simples declaraciones hechas por el expresidente Ernesto Zedillo en el extranjero, -alertando sobre el futuro económico de Latinoamérica y la responsabilidad de los gobernantes populistas en este peligroso panorama-, desataron una andanada de descalificaciones en contra de la gestión presidencial de Zedillo, -destacando la del presidente López Obrador en la mañanera-, la cual estuvo focalizada en dimensionar el impacto del Fobaproa y su significado, convirtiendo en ese momento la deuda privada en pública.
Sin embargo, a la distancia de 22 años del fin de su gestión, se vuelve importante realizar una evaluación integral de su gobierno.
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Ha prevalecido una visión negativa de la gestión del presidente Zedillo y de su persona, derivada seguramente de su falta de carisma, -que se manifestó en un bajo índice de aprobación ciudadana-, además de los agravios que él realizó en contra de importantes líderes políticos y ciudadanos, derivado ésto de su carácter irascible.
Es cierto que su administración estuvo marcada por el significado del Fobaproa, la insurrección del Ejército Zapatista y por la matanza de Aguas Blancas.
Sin embargo, no se le reconocen tres grandes aportaciones que fueron: la reestructuración de nuestra economía para darle una solidez y estabilidad que ha llegado hasta nuestros días.
Además, hoy que el INE se encuentra bajo asedio por parte del presidente López Obrador, de su partido MORENA y de sus seguidores-, es conveniente dar contexto al esfuerzo que implicó alcanzar la democracia y que se puede acreditar a Zedillo, al impulsar la independencia del IFE como organismo electoral autónomo a partir de la reforma legislativa de 1996, que modificó el artículo 41 constitucional y desligó totalmente al IFE del Poder Ejecutivo. A partir de este momento crucial en que alcanzó autonomía, nuestro organismo electoral se convirtió en garante de la voluntad popular y los partidos de oposición al PRI empezaron a ganar elecciones.
Sin embargo, su más importante legado fue haber generado las condiciones para una alternancia partidista que permitió al presidente López Obrador llegar a la presidencia de la república dieciocho años después. Reconocer la victoria de Vicente Fox en el contexto de ese momento significó la consolidación de la democracia absoluta.
Contra todos los pronósticos, el presidente Zedillo, -con la operación de su secretario de gobernación Diódoro Carrasco, que también tuvo un gran mérito como operador de este proceso-, se logró una transición ejemplar y madura, que facilitó la llegada del PAN a la presidencia de la república en el año 2000.
Seguramente las presiones dentro de su partido, -para que no aceptara la derrota del PRI-, deben haber sido muy fuertes, pues aún hoy el PRI lo ignora como militante, interpretando en esta acción democrática una traición. Sin embargo, esta decisión suya lo debiese ubicar como un gran estadista con vocación democrática, lo cual injustamente se le ha negado.
El PRI de hoy no ha descubierto el potencial político que puede representar en el momento actual este acto político del presidente Zedillo.
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Si hoy en el PRI tuviesen visión política, estarían rescatando este hecho histórico, dándole la dimensión histórica y significado que merece, cuando desde la presidencia de la república en 1996 se decidió impulsar la autonomía absoluta del IFE y en el año 2000 se respetó el resultado electoral y con ello la alternancia partidista, gracias a la cual hoy gobierna el presidente López Obrador.
Hoy que nuestro presidente intenta una reforma integral al INE para regresar a nuestro máximo instituto electoral al contexto de 1996, -previo a la reforma-, cuando dependía totalmente del poder ejecutivo y el presidente de la república en turno lo manejaba a su antojo a través de su secretario de gobernación, es oportuno recordar cuánto avanzó México en democracia en estos últimos 26 años.
Amenazas, amenazas, amenazas
Ya nos acostumbramos a este contexto de amenazas.
Este viernes pasado el presidente en su mañanera, al destacar la encomienda que hizo al secretario de gobernación Adán Augusto López, para que promueva directamente ante todos los congresos locales del país la reforma que permita a las fuerzas armadas permanecer en actividades de seguridad hasta el 2028, dejó caer, -como siempre-, una velada amenaza: “que se vaya a todos los congresos locales para saber quien es quien y también los legisladores locales asuman su responsabilidad”.
¿Esto significa que los legisladores locales que no voten a favor de su reforma serán exhibidos como traidores a la patria?
La amenaza de represalias a legisladores para que voten al gusto del presidente, o de recriminación a jueces que interponen amparos contra los deseos presidenciales, o incluso a los abogados que defienden a sus enemigos políticos, se ha convertido en un estilo de ejercer el poder con tintes absolutistas.
Todos ellos son profesionales a quienes el estado mexicano les ha encomendado ejercer la actividad que realizan. La lealtad de los legisladores debe estar con las comunidades ciudadanas que representan. Los jueces representan a un poder independiente del ejecutivo y su obligación es votar a favor de las causas justas y no servir de apoyo a los proyectos de quienes gobiernan. Por lo que toca a los abogados, estos son formados por las universidades para coadyuvar en la impartición de justicia, permitiendo que todos los ciudadanos y las instituciones tengan acceso a una defensa justa.
Las amenazas, -por suaves que sean-, viniendo de donde vienen, denigran a nuestro “estado de derecho”.
La violencia en las escuelas
Un alumno de sólo once años, que cursa el primer año de la secundaria Ignacio López Rayón, -ubicada en el barrio de San Miguel Acuitlapilco en Chimalhuacán, Estado de México-, hirió con un cuchillo a su profesora de la materia de “tecnología” luego de que le llamó la atención por no presentar la tarea.
Por otra parte, un alumno de la secundaria Blas Galindo, -de Iztapalapa-, apuñaló a un compañero de escuela el 19 de octubre, dentro de las instalaciones de este plantel.
Debiese preocupar a las autoridades educativas este nuevo contexto de violencia criminal que se da en el ámbito escolar y es un reflejo de la crisis moral en la sociedad, pues esos adolescentes son reflejo de lo que sucede en su entorno cotidiano.
Violaciones dentro de las escuelas también han sido noticia.
Debiese crearse un gran proyecto diseñado por terapeutas con experiencia en psicología social, que trabajen dentro de los planteles educativos identificando situaciones de riesgo e interactuando para neutralizarlas.
¿A usted qué le parece?
Twitter: @homsricardo
JGR
