Durante el Primer Foro Latinoamericano Nicotina y Reducción de Riesgo, que se llevó a cabo el lunes 6 de marzo, legisladores coincidieron en que las políticas prohibicionistas del Gobierno federal contra los vapeadores y cigarros electrónicos, no han funcionado, por lo que buscarán concretar en la presente Legislatura del Congreso de la Unión un marco regulatorio para la distribución y venta de estos dispositivos.
En su intervención, el diputado morenista y presidente de la Comisión de Salud, Emmanuel Reyes indicó que hay varios estudios en la materia y desde 2019, se han presentado alrededor de 15 iniciativas para garantizar que en esta Legislatura se impulse un proyecto de regulación y para ello esperan reunirse en los próximos meses para juntar todos los proyectos de los legisladores.
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Reconoció que pese al decreto presidencial aprobado desde mayo de 2022 para prohibir la venta de vaporizadores, es posible encontrar esos dispositivos en la vía pública, en puestos informales y en canales de distribución ilegales, lo que expone a los menores de edad.
“Hay prohibición y se sigue dando entonces la pregunta de los sectores, de los académicos, de los médicos, de los expertos es: ‘Si hay prohibición, ¿por qué sigue existiendo? y lo peor es que sigue existiendo sin generar recursos para el Estado”, aseguró en el foro que se llevó a cabo en el Hotel Marquis en Reforma.
En ese sentido, el diputado consideró que, aunque entiende la preocupación por el problema de salud pública, el presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó un decreto prohibicionista sin haber recibido información suficiente y no tomó en cuenta la opinión de la industria y las investigaciones de los expertos.
“Al presidente López Obrador no le dieron los elementos necesarios suficientes a la hora de poder emitir este decreto (…) Entiendo la preocupación del presidente Andrés Manuel López Obrador, del subsecretario Hugo López Gatell, pero es un tema que nos involucra a todos porque se sigue traficando; debemos responderle a los mexicanos para nutrir este dictamen que camineros en las próximas semanas”, señaló.
Por ese motivo, se pronunció a favor de que se promuevan espacios abiertos para analizar los pros y contras de los productos libres de humo para concretar un marco legal exclusivo para estos aparatos, muy aparte del que se rige hoy en día sobre los cigarros de tabaco.
“Yo creo que sí (podemos concretar una regulación en esta legislatura), si hay voluntad política de la mayoría de los diputados; muchos temas se quedaron fuera y mi posición es clara, tenemos que reconocer esto como problema de salud pública”, dijo.
Mientras que el diputado por Movimiento Ciudadano, Sergio Barrera, mostró su preocupación porque los menores de edad cada vez más tienen acceso a los dispositivos sin humo por el aumento del mercado negro y por no tener una política pública clara y transparente.
“A mí me preocupa que las personas a temprana edad tengan acceso a este tipo de aparatos. Por supuesto que no debemos permitir que los menores de edad tengan acceso a ellos, pero cada vez es mejor visto y lo están usando de manera regular”, sentenció.
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Señaló que por no tener un marco regulatorio a los vapeadores, tanto las autoridades como los consumidores no saben quienes están produciendo ilegalmente estos productos, quién los distribuye y lo que contienen estos aparatos o si son adulterados, por lo que reiteró que se debe atender por ser un gran problema para la salud pública.
Advirtió que la prohibición se está convirtiendo en un problema grave de seguridad porque los que distribuyen ilegalmente los vapeadores son miembros del crimen organizado porque “ellos mismos se dan cuenta que hay una gran oportunidad en este negocio”.
Además, mencionó que el Gobierno Federal también debe considerar lo que se puede recaudar para el Estado a través de los cigarros electrónicos, ya que se estima que se podrían obtener al año 12 mil 748 millones de pesos de impuestos, considerando alrededor de 964 mil 488 personas mayores de 20 años que consumen a diario estos productos, y el costo en promedio de este dispositivo es de 200 pesos.
“No tenemos recaudación, no tenemos políticas públicas claras para la gente que utiliza estas alternativas al cigarro (…) Es un tema que debemos atender urgentemente porque los decretos hechos desde Presidencia no están funcionando porque están en todos los lugares (.); hoy en día se está convirtiendo en un problema grave de inseguridad”, dijo.
El diputado del PAN, Éctor Jaime Ramírez, puntualizó que se han comprobado las ventajas de regular los vapeadores para la reducción de daños por tabaco, puso como ejemplo a Japón que tras implementar una política regulatoria, del 2015 al 2019, disminuyó 34 por ciento las ventas totales de cigarros.
Igualmente, recordó que Reino Unido gracias a la regulación, del 2017 al 2021 disminuyó casi en tres puntos porcentuales la prevalencia del consumo del tabaco y que el vapeo en adultos no fumadores no se incrementó.
“Yo creo que está prohibido prohibir, que debemos ir hacia la regulación. La experiencia en estos cuatro años ha sido un bloqueo absoluto por parte del subsecretario de Salud, el doctor Hugo López Gattel”, sentenció.
JGR
