Pakistán levantó completamente la moratoria que regía sobre la pena de muerte, han informado este martes a diversas agencias noticiosas dos funcionarios.
El Ministerio de Interior de Pakistán ordenó a las provincias que procedan a ahorcar a los prisioneros que hayan agotado los recursos de apelación y clemencia, dijo uno de los funcionarios.
Después del ataque contra una escuela perpetrado por talibanes en diciembre, en el que murieron 150 personas, la mayoría niños, Pakistán anunció la suspensión parcial de la moratoria sobre la pena de muerte. Desde entonces han sido ejecutados 24 condenados.
La medida provisional solo afectaba a los delitos de terrorismo realizados en Pakistán, pero según uno de los funcionarios, será extendida a todos los casos. “El Gobierno levantó la moratoria sobre la pena de muerte”, dijo a la AFP un alto cargo del Ministerio del Interior.
Otro funcionario confirmó que el Ministerio de Interior de Pakistán dio la orden a las autoridades provinciales de que procedan a ejecutar a todos los condenados a muerte que hayan agotado los recursos de apelación y clemencia.
Hasta el levantamiento provisional de la moratoria en diciembre, en Pakistán no se habían registrado ahorcamientos de civiles desde 2008. Durante ese período solo fue ejecutado un soldado, juzgado por una corte marcial.
“La facilidad con la que el Gobierno reniega de sus compromisos, tomados hace solo dos meses es estremecedora”, dijo la abogada de la organización Justice Project Pakistan (JPP), que defiende los derechos de los condenados a muerte.
Según la organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional, en Pakistán hay más de 8.000 prisioneros a la espera de ser ejecutados. Los defensores de la pena capital en Pakistán argumentan que es la única forma efectiva para luchar contra los rebeldes.
En el país el sistema judicial es muy lento, y muchos casos se alargan durante años. Los procesos penales otorgan mucha importancia a los testimonios y no hay garantías de seguridad para jueces y fiscales. Esto implica que los casos en los cuales hay involucrados grupos armados son difíciles de llevar, debido a las intimidaciones que reciben los participantes, que son disuadidos para que levanten los cargos.
La ONU, la Unión Europea (UE) y varias organizaciones de Derechos Humanos criticaron el levantamiento parcial de la moratoria en diciembre.